El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y el Gobierno de Aragón han procedido esta semana a la firma de los respectivos convenios con seis ayuntamientos aragoneses, cinco de la provincia de Huesca (Aínsa-Sobrarbe, Fiscal, Ansó, Fago y Bonansa) y uno de la Teruel (Aguaviva), para la construcción de viviendas energéticamente eficientes que se destinarán al alquiler social y/o asequible.

Vista exterior actual del edificio objeto en el que se construirán las viviendas

La firma de estos acuerdos se enmarca dentro del Programa 6 de Ayudas en materia de Rehabilitación Residencial y Vivienda Social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la UE-NextGeneration. El presupuesto total para la ejecución de estos proyectos, que se dividen en 14 actuaciones, asciende a 5,2 millones de euros, de los que Mitma aportará 1,4 millones de euros, y supone la construcción de un total de 31 viviendas de alquiler.

El Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda es el encargado de gestionar estos fondos, y para organizar la distribución de los mismos se realizó una consulta abierta a todos los ayuntamientos para conocer la disponibilidad de espacios o solares municipales que no estuviesen destinados a su uso como vivienda en la actualidad y que se pudieran convertir en vivienda para el alquiler. A partir de esa consulta se inició el trabajo técnico para presentar los proyectos y llegar a la firma de los acuerdos con el Ministerio.

En el caso de Aguaviva, el convenio incluye una subvención de 100.000€ para la rehabilitación de la primera planta del edificio municipal sito en Pasaje Buenos Aires para la adecuación de dos viviendas energéticamente eficientes para alquiler asequible, las cuales contarán con tres dormitorios cada una de ellas, además de un baño, cocina-comedor-salón y varias terrazas. El presupuesto total del proyecto asciende a 148.456,52€ y se prevé que las obras puedan desarrollarse a lo largo de este mismo año.

La ayuda recibida supone hasta 700 euros por metro cuadrado de superficie útil de vivienda con un máximo de 50.000 euros por cada una de las viviendas, las cuales formarán parte del parque público durante un período mínimo de 50 años y su consumo de energía primaria no renovable deberá ser inferior en un 20% como mínimo a los requisitos exigidos en el Código Técnico de Edificación.